El escándalo por las escuchas ilegales que salpica al gobierno de Mauricio Macri tuvo ayer un nuevo capítulo. A pesar del fin de semana, el juez Norberto Oyarbide mandó inspeccionar la sede de la AMIA para encontrar vínculos con las pinchaduras telefónicas por las que están detenidos el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge «Fino» Palacios y el ex policía Ciro James.
Ayer, personal del juzgado y de la Policía Federal recorrió la sede de la calle Pasteur para verificar el estado de los teléfonos después de que el fiscal Alberto Nisman denunció que la mutual judía estaba siendo víctima de escuchas ilegales. El secretario general de la AMIA, Julio Schlosser, confirmó a la Agencia Judía de Noticias que se había detectado que tanto el conmutador como dos internos del área de Cultura de la sede estuvieron intervenidos.
Más cruces
Mientras tanto, el macrismo volvió ayer a negar su vinculación con el escándalo del espionaje e intentó aislarlo de la gestión porteña. «En la calle, la gente no pregunta por los espías», se defendió el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que minimizó que existiera un «daño político» para la administración macrista.
«Lo que la gente pide es soluciones a los temas concretos», advirtió Rodríguez Larreta en declaraciones a Radio América. E insistió en la estrategia de devolver el golpe al gobierno nacional, tal como lo había hecho Macri el viernes pasado. «No sé qué les preocupa tanto», sugirió Rodríguez Larreta respecto del matrimonio Kirchner. «Que la gente se quede tranquila que no nos van a parar», amplió.
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