El máximo tribunal penal del país confirmó ayer los procesamientos con prisión preventiva del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios, acusado de pertenecer a una supuesta asociación ilícita dedicada a escuchar de manera ilegal a empresarios y diri
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la defensa de Palacios y resolvió que continúe detenido en el penal de Marcos Paz. El ex titular de la Policía porteña está acusado por su supuesta participación en la intervención irregular de los teléfonos del empresario Carlos Ávila y de Sergio Burstein, integrante de la Asociación de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA, cuya denuncia inició la investigación.
Los jueces Eduardo Riggi, Ángela Ledesma y Liliana Catucci argumentaron que «no le asiste razón a la defensa cuando sostiene que el procesamiento del encausado es arbitrario e inmotivado. Por el contrario, la resolución cuenta con fundamentos suficientes, mínimos, adecuados, serios y bastantes que obstan su descalificación como acto jurisdiccional válido».
El máximo tribunal penal del país convalidó así lo dispuesto en primera instancia por el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la pesquisa. El magistrado procesó a Palacios, al supuesto espía Ciro James, y a cinco policías y cuatro funcionarios judiciales (estos últimos sin prisión preventiva), por los supuestos delitos de asociación ilícita, intervención indebida de las comunicaciones y fraude a la administración pública.
En un fallo de 20 carillas, los jueces explicaron que hay sospechas para pensar que, de estar en libertad, Palacios «pondrá en riesgo los fines del proceso» por su cargo de ex comisario y por «su íntima relación con otros miembros de las fuerzas policiales». La sala también rechazó la nulidad de la causa solicitada por la defensa de Palacios, que había fundamentado que Oyarbide no era competente para tramitar la investigación, y que ésta debía seguir su curso en Misiones.
«La Corte Suprema evaluó la competencia territorial y concluyó que era la Justicia de esta Ciudad la que tenía que continuar interviniendo», sostuvieron los jueces.
La intervención de los teléfonos se realizaba por medio de la Policía Federal de Misiones y por orden de los jueces de instrucción de Posadas, Horacio Gallardo y José Luis Rey, quienes actualmente están suspendidos y enfrentan un juicio político en Misiones que probablemente derive en su destitución. Con estas órdenes, James retiraba presuntamente las grabaciones de la SIDE y las trasladaba a Misiones. Palacios fue imputado en la causa por el cruce de llamados con James -también ex empleado del Gobierno de la Ciudad- en fechas vinculadas a las intervenciones y el retiro de casetes.
El fallo de Casación Penal da un fuerte espaldarazo a la pesquisa de Oyarbide, en estos momentos prácticamente parada a la espera de que la Cámara Federal resuelva otras apelaciones de los imputados. Estos pronunciamientos -sobre los que el tribunal de alzada avanzaría la semana que viene- también marcarían el ritmo de la pesquisa en adelante: en la lista de posibles indagados están el propio jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; y su ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, como había adelantado Oyarbide en enero pasado.