La comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja emitió sendos dictámenes por los proyectos de ley de resarcimiento económico para familiares de víctimas del atentado a la AMIA y de las registradas durante la represión de las jornadas del 19, 20 y 21 de diciembre de 2001.
Ambas iniciativas tuvieron el respaldo del oficialismo y de la mayoría de las bancadas opositoras que integran la comisión, con excepción de la UCR y la Coalición Cívica que cuestionaron los montos establecidos (100 sueldos de empleado del Estado Nacional de la categoría A0), similar a la que cobraron los familiares de victimas del terrorismo de Estado.
Al respecto, el vicepresidente de la comisión, el kirchnerista Remo Carlotto, señaló que el objetivo de ambos proyectos es «la reparación por parte del Estado» y aclaró que, en el caso de la AMIA, el proyecto impulsado modifica la media sanción aprobada el año pasado por el Senado, por lo cual de aprobarse deberá volver a la Cámara Alta.
Las objeciones de la CC y la UCR llegaron de boca de Elisa Carca y Forte, quienes indicaron su «desacuerdo con los montos», para ellos debe haber una diferencia con los delitos de terrorismo de Estado (es decir, un monto menor), pero la reparación histórica debe alcanzar otros aspectos además de los económicos.
En tanto, la presidenta de la comisión, la ex kirchnerista Victoria Donda, respaldó la idea de unificar los montos de las indemnizaciones para no generar «víctimas de primera o de segunda».
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