La predecible decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de no conceder a Chile la extradición de Sergio Galvarino Apablaza Guerra, alguna vez el máximo dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ha dañado seriamente la relación bilateral. A tal punto que el propio presidente chileno, Sebastián Piñera, la calificó sin rodeos de «retroceso para la causa de la justicia y de los derechos humanos». Pero lo cierto es que sus severas palabras apuntaron certeramente a la mitología que el gobierno argentino se empeña constantemente en construir: la de un presunto campeón de los derechos humanos, una pretensión a la que, sin embargo, parecería aplicarse siempre aquello de «para los amigos, todo, y para los enemigos, ni justicia». (…) Cabe preguntarse, finalmente, con qué autoridad moral podrá a partir de ahora la presidenta Cristina Kirchner reclamar la extradición de los iraníes acusados por el grave atentado contra la sede de la AMIA o un juicio en un tercer país por este hecho terrorista, cuando su gobierno da refugio a personas de otros países acusadas de terrorismo. Resulta claramente contradictoria la concesión a Apablaza del estatus de refugiado político, apenas pocas horas después de que, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta argentina abogara por la búsqueda de la verdad y por un juicio justo y transparente de los supuestos responsables de la voladura de la AMIA.
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