El defensor general Gabriel Ganón les reclamó a las autoridades del departamento judicial de San Nicolás que ordenen sacar de los tribunales las imágenes religiosas. La jueza de la Corte, Carmen Argibay, había pedido quitar los crucifijos de las salas de audiencias. El trato discriminatorio que para millones de ciudadanos implica ser juzgados en nombre de un Estado laico en despachos decorados con vírgenes, santos y crucifijos podría llegar a su fin. Cincuenta y seis años después de que el presidente Juan Domingo Perón desterrara los símbolos religiosos de los espacios públicos, tres años después de que el capellán Cristian von Wernich ironizara sobre la presencia de la cruz cristiana sobre las cabezas de los jueces que lo condenaron a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, y una semana antes de la ovación de un centenar de feministas a la ministra Carmen Argibay por proponer “sacar los crucifijos de las salas de audiencias”, el defensor general Gabriel Ganón dio el puntapié inicial: les reclamó a las autoridades del departamento judicial de San Nicolás que ordenen retirar de los juzgados toda “figura representativa de la religión católica”, causal de un “trato parcial y discriminatorio” hacia ateos, agnósticos y creyentes no católicos, o bien incorporar símbolos de todos los credos autorizados por la Secretaría de Culto. El pedido se funda en el derecho a la igualdad, al tratamiento igualitario ante la Justicia y la no discriminación de tipo religioso, argumentó Ganón. Hasta el momento sólo le respondieron con evasivas.
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