Dirigentes de todo el arco opositor y economistas formularon ayer duras críticas por la sugestiva interpretación del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, quien advirtió que el proyecto de ley que agrava las penas para el financiamiento al terrorismo podría servir para acusar de terroristas a quienes compren o vendan dólares y provoquen una «corrida bancaria o un golpe de mercado» mediante la fuga de depósitos. Pese a la polémica que se desató, el gobierno de Cristina Kirchner hizo ayer un profundo silencio y ningún funcionario se refirió a las declaraciones de Sbatella. El ministro de Justicia, Julio Alak, superior jerárquico del titular de la UIF, no respondió las llamadas de La Nacion. El proyecto de ley, que busca cumplir con reclamos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero, fue aprobado el jueves pasado por la Cámara de Diputados y la semana próxima será tratado por el Senado.
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