La dirigencia judía se ha propuesto un objetivo: lograr que la Justicia frene la aplicación del acuerdo que el Gobierno suscribió con Irán para, según declaró, avanzar con la investigación del atentado terrorista de 1994 contra la AMIA. La oposición y las víctimas de la masacre consideran que ese pacto, convertido ayer en ley por el Congreso, es una concesión a los iraníes prófugos acusados de perpetrar el ataque.
El plan incluye un amparo para impedir la aplicación de la ley y un recurso en la causa penal sobre el atentado, destinado a que el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, no pueda aplicar lo que ordena el memorándum.
»Llegaremos hasta la Corte Suprema y eventualmente hasta tribunales internacionales, con un planteo que anule la ley que avala el memorándum porque contraría la Constitución», dijo Guillermo Borger, presidente de la AMIA. El jefe de la DAIA, Julio Schlosser, firmó con Borger un comunicado en el que denuncian que el acuerdo «conduce a la impunidad».
La estrategia incluye reclamar la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Procuración General y la Defensoría del Pueblo, indicó Miguel Bronfman, abogado de la AMIA.
»Nuestros abogados ya están trabajando en la presentación judicial y esto será nuestra dedicación absoluta para que este memorándum no lleve a la nulidad de la causa AMIA», afirmó Borger. Por su parte, Bronfman puntualizó las razones por las que convocan a los organismos de control: «La AGN vela por los actos legislativos; el defensor del Pueblo, por la defensa de los derechos humanos y la Constitución, y el ministerio público es el órgano independiente que controla la legalidad, por lo que una orden de la procuradora Alejandra Gils Carbó debería instar una acción judicial».
La Cámara de Diputados aprobó anteanoche tras casi 14 horas de debate, con 131 votos positivos contra 113 negativos, la ley que convalida el memorándum firmado por la Argentina e Irán para crear una Comisión de la Verdad, integrada por juristas internacionales que auditarán la causa AMIA.
Además, el acuerdo prevé que las partes podrán interrogar a cinco iraníes acusados de planificar el ataque -entre ellos dos candidatos a presidente y el ministro de Defensa actual, Ahmad Vahidi-, cuestión que Irán relativizó y de la que las entidades de la comunidad y los familiares de las víctimas descreen.
La decisión despertó ayer una dura carta de condena del Congreso Judío Mundial, cuyo titular, Ronald Lauder, le envió una carta a la presidenta Cristina Kirchner. Le expresó ayer su «sorpresa y disgusto» por el acuerdo con Irán y le pidió que no continuara adelante con las negociaciones.
En Buenos Aires, la ofensiva judicial que analiza la comunidad judía se basa en dos presentaciones conjuntas. Una de ellas es un recuso de inconstitucionalidad ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde se cuestionan las decisiones de los poderes del Estado nacional. Allí se pedirá el dictado de una medida de no innovar para frenar el memorándum. Se trataría de buscar que, en principio, se suspenda la ley hasta tanto se dicte una sentencia de fondo que la anule. El trámite es similar al que tiene suspendida, en parte, la aplicación de la ley de medios, pues está vigente una medida cautelar.
El asunto podría, al igual que con la ley de medios, recorrer todas las instancias del fuero y llegar a la Corte, lo que podría llevar años de trámite. Si bien el fuero Contencioso Administrativo aparece más permeable al kirchnerismo, sobre todo en la primera instancia, en este expediente podrían operar otras influencias de la comunidad de inteligencia interesada en seguir adelante con el trámite de la investigación, donde colaboraron activamente servicios extranjeros. No sería sorprendente entonces que un fallo frene allí -al menos en lo inmediato- la aplicación de la ley. Así el asunto podría llegar hasta la Corte Suprema y reeditar las quejas presidenciales ante cada sentencia que le es adversa, con los consiguientes reclamos de democratización de la Justicia.
La AMIA y la DAIA cuestionan que la ley viola dos artículos de la Constitución nacional: el 109 y el 18. El primero prohíbe al Poder Ejecutivo intervenir en la resolución de procesos judiciales. Además ,señalan los letrados de la AMIA, que se viola el artículo 18 de la Constitución, que garantiza que las causas tramiten ante su juez natural y en el marco del debido proceso.
Con el memorándum, una comisión de juristas analizará la causa y no se prevé que el interrogatorio a los sospechosos se realice con las formas que la ley establece para una declaración indagatoria. El artículo constitucional señala que ningún habitante «puede ser juzgado por comisiones especiales». Bronfman indicó que «se trataría de someter la causa a un tribunal que no es el juez natural y se viola el debido proceso con respecto a los acusados, pero también a las víctimas, que son los querellantes, como los familiares de los muertos, los heridos y la AMIA y la DAIA».
En forma paralela, se está estudiando la presentación de un segundo recurso en la causa penal ante el juez Canicoba Corral. Se busca que el magistrado analice si corresponde declarar la inconstitucionalidad de la ley y del memorándum, pues junto con el fiscal Alberto Nisman son los alcanzados para su aplicación. Este segundo recurso -que puede ser impulsado tanto por la DAIA y la AMIA como por Nisman- requerirá la opinión del fiscal, donde fijará su postura ante el memorándum.
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