Inquietud ha despertado en opositores y en organizaciones judías de Argentina el acuerdo a que llegó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el régimen iraní. No podía ser de otra manera, pues este convenio, ya convertido en ley, es visto por muchos como un freno -más que como un avance- en el esclarecimiento del horrible atentado a la mutual judía AMIA, en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, con un saldo de 85 muertos y centenares de heridos.
En la causa, el fiscal ha acusado formalmente a seis altos funcionarios iraníes, entre ellos el actual ministro de Defensa, de estar involucrados en la planificación y financiamiento del atentado. El gobierno defendió el tratado -que incluye un memorándum de entendimiento y crea una Comisión Verdad-, asegurando que se avanzará en el juicio, al permitir que un juez argentino tome declaraciones a los funcionarios iraníes supuestamente involucrados.
Para el aislado Irán, este acuerdo le permite ampliar sus vínculos externos, en especial con América Latina, donde tiene el apoyo de Bolivia y Venezuela.
Los críticos, en tanto, dicen que el gobierno transó la posibilidad de llegar a la verdad y castigar a los culpables para mejorar los lazos comerciales.
Desde 2005, Argentina aumentó en 1.400 % su comercio con Irán, al que en 2012 exportó mil millones de dólares en soja y otros productos.
Advierten, además, que a Argentina, escasa de petróleo y gas, le interesaría proveerse de estos en Irán.
La Cancillería chilena debe observar con cuidado el estrechamiento de vínculos de nuestros vecinos con países con gobiernos tan riesgosos a muchos respectos, como el de Irán.
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