La AMIA y la DAIA, las dos instituciones de la comunidad judía querellantes en la causa por el atentado contra el edificio sede de ambas entidades en 1994, recurrirán hoy a la Justicia para pedir que no se aplique el reciente convenio firmado por el Gobierno con la República Islámica de Irán, acusada de haber ordenado el ataque terrorista.
La vía judicial que se decidió seguir luego de un largo estudio del asunto será una acción de amparo. Allí se pedirá no sólo la declaración de inconstitucionalidad de la ley sancionada por el Congreso para confirmar el convenio sino también dos medidas cautelares, según dijeron fuentes de las instituciones.
Una de las cautelares que se pedirán está dirigida a que el Gobierno no aplique el convenio hasta que no haya sentencia de un juez sobre su legalidad. Y la otra pretende que se notifique a Interpol que se abstenga de levantar los pedidos de captura contra los ciudadanos iraníes acusados por el atentado mientras no exista un pronunciamiento de la Justicia sobre la validez del acuerdo.
Los argumentos que se llevarán a la Justicia serán básicamente los mismos que ya expusieron ambas instituciones en el Congreso de la Nación, en ocasión de los debates públicos por este tema. De acuerdo con AMIA y DAIA, el llamado “Memorándum de Entendimiento” firmado por los cancilleres de ambos países, viola seis artículos de la Constitución Nacional, otros dos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y dos más de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El argumento más fuerte de la demanda será, de acuerdo con las fuentes, el artículo 109, de la Constitución, que dice que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Por ello, de acuerdo con los querellantes de la causa penal, el convenio viola la división de poderes y afecta la independencia del Poder Judicial.
Ambas instituciones consideran que la llamada “Comisión por la Verdad” prevista en el acuerdo se constituye en una especie de nuevo tribunal con injerencia sobre la causa pero por fuera del sistema legal argentino y, para colmo, que funcionará sin plazos. Además, viola el “debido proceso” al sustraer la causa penal a su “juez natural”, Rodolfo Canicoba Corral, quien estaría dispuesto a ir hasta Irán para “interrogar” a los acusados que se niegan a ser indagados en la Argentina. Para las querellas la indagatoria que prevé la ley es ante el juez y en la sede de su tribunal.
Además, entre los querellantes llamó la atención que el acuerdo alcance a los cinco iraníes con “circular roja” emitida por Interpol y no a los ocho que tienen orden de captura firmada por el magistrado a cargo del caso en la Argentina. Ello violaría el principio de igualdad ante la ley y demuestra, para las querellas, que a Irán no le interesa cumplir con la Justicia argentina.
En el mismo sentido, los denunciantes creen que la Argentina incumplió la ley al notificar a Interpol del acuerdo firmado por los cancilleres antes que éste fuera aprobado en el Congreso, lo cual violaría el artículo 75 de la Constitución, que en su inciso 22 atribuye al Congreso el “aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales”.
Los querellantes también dudan de la importancia de la nota enviada a Timerman por el consejero jurídico de Interpol, Joel Sollier, en la que se afirma que las circulares rojas siguen vigentes. En rigor, quien levanta o impone una “circular roja” es la Secretaría General de ese organismo, argumentan. El fin iraní, sostienen, es el levantamiento de las circulares rojas.
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