Con las firmas de los presidentes de las dos instituciones de la comunidad judía querellantes en la causa por el atentado contra la AMIA, el abogado Miguel Bronfman presentó ayer un amparo en la Justicia para evitar que se aplique el reciente acuerdo firmado por el Gobierno con la República Islámica de Irán sobre ese hecho.
El texto pide la “inaplicabilidad” del llamado “memorándum de entendimiento” entre Argentina e Irán sobre los ciudadanos de este último país acusados de haber participado en el atentado y lleva las firmas de Guillermo Borger y Julio Schlosser, presidentes de la AMIA y la DAIA, respectivamente.
El abogado de ambas instituciones, Bronfman, le entregará hoy una copia al “juez natural” de la causa por el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, quien había dicho que si el memorándum era convertido en ley, él no tendría problemas en “interrogar” a los sospechosos en territorio iraní, como establece el acuerdo.
El sorteo determinó que la acción de amparo –cuyo objetivo final es que se declare inconstitucional el acuerdo refrendado por el Congreso y convertido en ley– quedara radicada en el juzgado número 5 del fuero en lo Contencioso Administrativo federal.
Este tribunal está ocupado transitoriamente -subrogado- por una secretaria de Cámara, María Alejandra Biotti, quien compite en un concurso para ocupar ese juzgado definitivamente. Es más, Biotti está tercera en una terna ampliada de cinco candidatos y cuya definición ya está en manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Tal como informó Clarín ayer, la presentación formulada en Tribunales también solicita el dictado de dos medidas cautelares.
Una pide que se mande un oficio a Interpol, para notificar a ese organismo que mantenga en vigencia las “circulares rojas” en los pedidos de captura de cinco ciudadanos iraníes acusados de haber planificado el atentado de 1994 mientras se analice si el convenio es constitucional.
La otra medida cautelar solicitada por las instituciones de la comunidad judía es para que la jueza ordene al Poder Ejecutivo que se abstenga de aplicar el acuerdo mientras se determina la legalidad de la ley objetada en la Justicia.
Los querellantes de la causa AMIA consideran que el Gobierno violó al menos seis artículos de la Constitución Nacional, otros dos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y dos más de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Nos provoca un agravio concreto, grave e irreparable”, dijeron sobre el acuerdo en la demanda los representantes de la comunidad judía. Esos términos son precisamente los requeridos para que se acepte la tramitación de un amparo en la Justicia.
La demanda plantea que el verdadero objetivo de Irán es lograr el retiro de las “circulares rojas” en los cinco pedidos de captura que cuentan con ese estatus en Interpol. Los demandantes se basaron para ello en que el acuerdo nada dice de los otros tres iraníes con pedido de captura librado por la Justicia argentina pero sin circular roja en Interpol por razones formales.
El “peligro” mencionado en la acción de amparo tiene su basamento en recientes declaraciones del canciller iraní, Alí Akbar Salehi, quien el 18 de marzo sostuvo públicamente que “Interpol debe eliminar las acusaciones contra las autoridades iraníes”.
Hace siete años, el fiscal Alberto Nisman –ayer cuestionado por Schlosser y Borger – dictaminó que el atentado fue planificado por las máximas autoridades de Irán y llevado a cabo por terroristas libaneses ligados a la agrupación Hezbollá. Ahora el Gobierno acordó crear una comisión de la Verdad e interrogar a los acusados en Irán.
PRENSA
