Cuentan en los pasillos de la Cámara de Diputados que la presidenta Cristina Kirchner le bajó drásticamente el pulgar a la idea de Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados kirchneristas, de avanzar con el proyecto de ley de reparación económica para los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA, cometido en julio de 1994.
La cuestión iba a ser abordada hace 20 días en el recinto de la Cámara baja, pero todo indica que, por orden presidencial, su tratamiento sufrirá una nueva demora.
¿Qué sucedió? En el oficialismo niegan cualquier tipo de cortocircuito con la Casa Rosada. «El tema nunca estuvo en el plan de labor de la sesión», fue la lacónica explicación del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Rossi prefirió no opinar, pero lo cierto es que, pocas horas después de la polémica aprobación legislativa del memorándum que el Gobierno suscribió con Irán, él había propuesto avanzar con el proyecto para indemnizar a las víctimas de la voladura, como gesto hacia la comunidad judía.
Tanto la AMIA como la DAIA quedaron resentidas tras la aprobación del memorándum. Ese acuerdo permitirá a la justicia argentina indagar, en Irán, a los funcionarios de ese país acusados de cometer el atentado, pero, para las entidades judías, el acuerdo implicará el cierre de las investigaciones. Por tal motivo, pidió en las últimas horas a la Justicia que lo declarara «inválido, inconstitucional e insanable».
La reacción de la comunidad judía habría irritado a la Presidenta. «Agustín pecó de inoportuno. Cristina se enojó mucho. No quería que se reinstalara tan pronto, otra vez, la polémica sobre el acuerdo con Irán. La oposición nos iba a decir que teníamos cola de paja», explicaron fuentes oficialistas a LA NACION.
»No es verdad que Cristina estuviera enojada. Lo que pasa es que todavía no hay acuerdo con la oposición respecto de los montos de la reparación a las víctimas», aclararon en el entorno del diputado Rossi.
Así las cosas, el proyecto no tiene todavía fecha de debate, pese a que está demorado desde 2007. Es más, fue la propia Presidenta la que presentó la iniciativa, allá por 2007, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificara que el Estado argentino era corresponsable de la voladura. Sin embargo, recién en 2011 el Senado le dio media sanción, aunque con varias modificaciones. El tema había sido reflotado con una iniciativa de los senadores Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis) y Miguel Pichetto (Frente para la Victoria-Río Negro). En la Cámara de Diputados, el asunto estuvo cajoneado hasta agosto del año pasado, cuando se le dio dictamen.
De convertirse en ley, los familiares de cada una de las 85 personas muertas en el atentado recibirán una indemnización de unos 2,7 millones de pesos. Las personas que hubiesen padecido lesiones gravísimas recibirán ese monto (estimado) reducido en un 30 por ciento. En el caso de las víctimas con lesiones graves, la reducción será del 40 por ciento.
Las principales disidencias tienen que ver con el monto de la indemnización, ya que resulta el doble de lo que percibieron los familiares y las víctimas del terrorismo de Estado. En efecto, en ambos casos, la reparación se calcula sobre la base del sueldo mensual que perciben los agentes nivel A, grado O, de la administración pública; en el caso de las víctimas de la voladura de la AMIA, el proyecto propone multiplicarlo por 200, el doble de lo que percibieron los perjudicados por el terrorismo de Estado.
»Nosotros queremos debatir el proyecto, pero no estamos de acuerdo con el monto», confirmó el diputado Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque radical.
Las distintas agrupaciones de familiares de las víctimas del atentado terrorista contra la AMIA habían recibido con satisfacción el reflotamiento del proyecto. Para ellos, según admitieron distintos dirigentes, la compensación económica es un paso de «estricta justicia» para quienes perdieron seres queridos o resultaron gravemente heridos en aquella fatídica mañana de julio de 1994. De todos modos, vincularon el tratamiento que asomaba como inminente con el intento del Gobierno por calmar las reacciones negativas que causó el acuerdo con Irán.
El Parlamento iraní trataría el memorándum
Luego de un receso de varias semanas, mañana retomará su actividad el Parlamento de Irán, que entre otros asuntos pendientes tiene en su agenda el tratamiento del acuerdo suscripto en febrero último entre los gobiernos de Mahmoud Ahmadinejad y Cristina Kirchner para permitir que los funcionarios y ex diplomáticos iraníes requeridos por la justicia argentina por su presunta participación en el atentado a la AMIA puedan ser indagados en su propio país. Pese a las fuertes críticas de la comunidad judía, el acuerdo ya fue aprobado por la Argentina.
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