La bomba que redujo a escombros la sede de la AMIA, segó la vida de 85 personas y causó heridas a otras trescientas, estalló hace hoy 22 años. Las causas del peor atentado terrorista en la historia argentina, el plan que lo hizo posible, los autores y sus cómplices siguen en la penumbra: otra bomba de fragmentación, o varias, fueron explotando en el expediente que desde entonces no consigue avanzar en la única respuesta que exigen y merecen los argentinos. Justicia. Esa vergonzosa conclusión es evidente; lo novedoso es que el trío de fiscales que desde la muerte de Alberto Nisman heredaron la causa judicial lo admitió en un informe oficial, y que en sus páginas repasa las ominosas causas de ese fracaso: testigos que nadie escuchó o que sólo hablaron ante el juez Galeano –separado y destituido justamente por su rol en este caso– un cadáver cuya identidad se ignora pero al que sin autorización de nadie le cortaron los diez dedos, material genético de las víctimas y del supuesto atacante suicida que debe reanalizarse, miles y miles de documentos pésimamente conservados y que no fueron consultados, papeles y funcionarios amparados todavía por un secreto que sólo sirvió para alejarlos de la justicia. Más información.
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