La muerte violenta de un fiscal federal que había hecho pocas horas antes una gravísima denuncia contra la Presidente de la Nación es una tragedia para la democracia argentina. Las indebidas injerencias y presiones desde el poder, a partir del momento en que se conoció el hecho (y acaso desde antes), entorpecieron y frustraron la investigación. El actual Gobierno nacional ha dado todas las garantías para que jueces y fiscales trabajen con la mayor libertad y con todos los recursos necesarios. Ojalá que pueda avanzarse en una cuestión que enluta a nuestra sociedad. Recordemos de qué modo abyecto el kirchnerismo intentó no solamente obturar la investigación, sino mancillar al doctor Alberto Nisman.
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